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Las amnistías en América Latina: defender la Justicia y el Derecho a Saber la Verdad
Por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010 (RENA). La sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Brasil revisar su ley de amnistía representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender plenamente y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas. Las leyes de amnistía que ignoran intencionalmente los abusos de derechos humanos no solo distorsionan los registros históricos que cada país tiene que formular, sino también minimizan el sufrimiento de las víctimas y merman su derecho a saber la verdad y obtener una reparación.
Los gobiernos suelen justificar su recurrencia a las leyes de amnistía generales en nombre de una rápida reconciliación, nacional o comunal. La historia muestra, sin embargo, que blindar de la rendición de cuentas a los autores, al tiempo que niega la justicia y la reparación a las víctimas, es probable que provoque nuevos conflictos en lugar de sanar las heridas del pasado. Cuando se han concedido amnistías en el afán y la ansiedad de pasar la página de los conflictos, o para la razón más siniestra de encubrir los abusos, su derogación debe ser siempre una opción abierta que se debiera tomar en la primera oportunidad.
Sin embargo, en América del Sur y en otros lugares, el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovidos a través de leyes antiguas y nuevas. Esto ocurre a pesar del hecho de que, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló, dejar indefensas a las víctimas y perpetuar la impunidad en la práctica o por mandato legal son actos manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Un caso de ello es el de Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia negó la posibilidad de modificar la ley de amnistía de 1979, afirmando que los crímenes cometidos durante la dictadura no eran sino "actos políticos". En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación y a pesar del repudio internacional en los fallidos intentos para condenar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre, se está debatiendo en estos días.
En Uruguay, el gobierno tuvo que intervenir a última hora para evitar la promulgación de un proyecto de ley que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.
En este contexto, medidas para mejorar la rendición de cuentas son aún más notables. En Argentina, el país con el mayor número de juicios de derechos humanos en el mundo, los tribunales continúan presidiendo los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia de 1976-1983 en ese país. El ex dictador Rafael Videla se encuentra nuevamente ante los tribunales por los abusos de derechos humanos cometidos en esa época.
Argentina ha demostrado que el conocimiento de la verdad es un derecho que no tiene ningún estatuto de limitaciones. Es también un derecho que nadie puede negar o renunciar. Toda persona y cada sociedad tienen el derecho a saber quién viola los derechos humanos y saber por qué, cuándo, dónde y cómo se cometieron los crímenes, así como a ser informado sobre el destino de las víctimas.
Las amnistías que entierran la verdad y eximen a los responsables de crímenes del pasado contra los derechos humanos pueden socavar la perspectiva de construir sociedades justas y seguras en el futuro. La impunidad fomenta el resentimiento y la falta de confianza en las instituciones de gobierno. Han inspirado algunos autores a cometer nuevos crímenes y también puede alentar a otros a unirse a las filas de los violadores de derechos humanos.
La posición de Naciones Unidas con respecto a las amnistías no puede ser más clara: no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.
El ejercicio de estos derechos es incompatible con la impunidad normativa o de hecho. Los países del hemisferio occidental deben prestar atención a la sentencia de la Corte Interamericana y entregar la justicia negada durante tanto tiempo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
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“Argentina no hizo nada para controlar a sus propias pasteras”
Por el licenciado Antonio Elio Brailovsky, escritor e investigador especializado en Medio Ambiente, ex Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, 29 de abril de 2010 (RENA). En relación con la sentencia por la ubicación de una planta productora de celulosa sobre el río Uruguay, quiero decir que el resultado del fallo se sabía desde el día que se decidió recurrir a La Haya. No se podía lograr más que establecer un grado importante de control sobre esa empresa.
En este sentido, cuando estamos en un conflicto ambiental nunca podemos perder de vista qué podemos realmente lograr. Tal vez la estretagia sea pedir mil, pero sabiendo que sólo obtendremos diez. Pero tener claro el límite de lo posible. Lo posible aquí era lograr que esa fábrica tuviera los niveles de control más altos posible. Tal vez sea la pastera más controlada de América Latina. No se podía lograr erradicarla y no se debe engañar a la gente haciéndole creer en objetivos imposibles.
La paradoja es que los vecinos de Gualeguaychú ganaron, porque consiguieron lo máximo a que se podía aspirar en esa situación, pero lo vivieron como una derrota, porque les hicieron creer que podía obtenerse otra cosa.
Para el cierre de una fábrica había que haber demostrado niveles espantosos de contaminación ya producida, que no se demostraron.
Recordemos que existen dos definiciones distintas de contaminación:
Biológica: es cualquier cuerpo extraño que se introduzca en un ecosistema.
Jurídica: son determinados cuerpos extraños que figuran en un listado, con niveles superiores a los establecidos en una tabla fijada por Ley, Decreto o Resolución.
La posición argentina se basó en la primera definición, lo que garantiza cobertura mediática, pero no es buena prueba judicial. Porque la justicia no atiende a la verdad sino sólo a la verdad formal. Si el Tratado no dice aire, no les toca hablar de aire aunque nadie pueda respirar y todos se estén ahogando.
Al mismo tiempo, no se hizo nada por controlar a las pasteras argentinas, lo que significa que le pedimos a Uruguay una política ambiental más estricta que la nuestra. Tampoco se lo podemos pedir a la Corte. Todavía Papel del Tucumán usa cloro elemental, lo que garantiza dioximas y furanos con certeza y no con probabilidad como en el caso de Botnia. Y Papel del Tucumán no arroja efluentes a un río del caudal del Uruguay sino a uno mucho más pequeño, con menor capacidad de dilución.
Un ejemplo más del doble discurso fue el reciente asunto de los nonilfenoles, encontrados por la Universidad de La Plata en el río Uruguay. Es un detergente industrial, severamente restringido en Europa por no ser biodegradable.
Lo llevamos a la Corte como prueba de contaminación y del incumplimiento uruguayo de las normas europeas. Pero los nonilfenoles se venden y usan libre y masivamente en la Argentina. Es más, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Paraná recomienda usarlos para preparar las formulaciones de agroquímicos usados en la soja en la Provincia de Entre Ríos.
En otras palabras, que hay una alta probabilidad de que los nonilfenoles objeto del escándalo hayan sido nuestros, ya que nosotros, no sólo los usamos sino que recomendamos su uso. Sobre esto tuve una discusión con el Secretario de Ambiente porque no quise salir a cuestionar a otro país por usar algo que nosotros recomendamos usar.
Coincido en lo que se dijo en varios medios, que la Corte de La Haya no tiene una política de Desarrollo Sustentable, pero Argentina no puede pedírsela sin antes fijar para sí una política de ese tipo.
Espero que consultemos a Uruguay por las dos papeleras que la Provincia de Corrientes quiere instalar sobre el río Uruguay (y una tercera en la costa del Paraná). Parece que hay gestiones más avanzadas de lo que se dice, mantenidas en silencio hasta que se conociera el fallo.
El Gobernador Uribarri (de Entre Ríos) insistió en la consulta previa porque -dijo- no quiere que el río Uruguay se transforme en otro Riachuelo. ¿En qué país queda el Riachuelo?
En síntesis, creo que el mejor respaldo ante una posible agresión ambiental es una política ambiental rigurosa, que permita exigir a los demás lo mismo que hacemos en nuestra propia casa.
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Tragedia en Haití: las recomendaciones de una experta en refugiados
La siguiente columna que se reproduce textualmente, fue divulgada en el diario El Nacional de la República Dominicana por la abogada Flor Rojas, que se desempeñó por más de 25 años en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y designada en la República de Honduras, Zambia, México, Grecia y en Argentina. Su actuación comenzó en la década de 1980 como asesora legal en su país, Dominicana, para atender los refugiados haitianos.
República Dominicana, 7 de marzo de 2010 (El Nacional). La rapidez con la que el mundo ha extendido su mano de ayuda humanitaria al pueblo haitiano, se traduce en un sentimiento de culpa colectiva mundial o “Mea Culpa”, por el abandono con que se dejó a este empobrecido pueblo durante tantos años, pues Haití nunca fue prioridad ni para los principales países de la comunidad internacional, ni para la ONU, ni para los países de América Latina, incluyendo nuestro país.
Actuar ahora La República Dominicana y toda su población está dando una increíble respuesta de apoyo a Haití, es nuestra obligación, somos el país de acogida humanitaria y esa es la respuesta que tenemos que seguir dando, como tal, la coordinación para una efectiva asistencia es esencial, el diseño de una política coherente sobre el manejo de la asistencia humanitaria es fundamental, el funcionamiento de CONARE, en Relaciones Exteriores es urgente para el registro de todas las personas que han llegado y están llegando de Haití a fin de facilitar la continuidad de la asistencia pero también para organizar su retorno cuando existan las condiciones para ellos. Es de esperar que el ejecutivo de este país continúe repartiendo instrucciones para que la coordinación interinstitucional no se pierda dentro de la burocracia estatal. Dejemos el liderazgo en el manejo de esta crisis humanitaria a la ONU, pero sin perder de vista nuestras obligaciones.
En todo caso nos queda el recurso como país miembro de Organización de las Naciones Unidas tenemos el derecho a voz y a voto tanto para aplaudir lo que se hace bien, y para criticar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que se hace mal o se deja de hacer respecto a la emergencia en Haití y su futura reconstrucción. Por ahora lo más importante es proveer asistencia a los sobrevivientes, establecer orden y seguridad, así como continuar estableciendo un plan conjunto, liderado por la ONU, de la ayuda humanitaria que esta llegando y siendo distribuida por gobiernos y organizaciones no-gubernamentales al país. El impacto de la ayuda que se le está brindando al pueblo Haitiano no se puede medir en días, semanas o meses, pero posiblemente en años cuando se podrán ver más claros los resultados de la reconstrucción del país.
La protección de los refugiados en la República Dominicana y en la práctica de los refugiados haitianos y solicitantes de asilo que llegaron a este país a consecuencias de la persecución del régimen duvalierista se fortaleció con la Ley sobre Refugiados, en la que se incluyó la creación y funcionamiento de la Comisión Nacional para Refugiado (CONARE). Fui responsable de la redacción de este anteproyecto de ley y de propiciar el funcionamiento de dicha comisión, que preside la Secretaria de Relaciones Exteriores. Organicé las primeras repatriaciones voluntarias (en condiciones de dignidad y seguridad), de los refugiados haitianos que optaron por regresar a su país tras la caída del régimen duvalierista. En esa ocasión, acompañé a los refugiados hasta sus lugares de origen en Haití, la humildad y la valentía de ese pueblo en su convivencia con las necesidades extremas. Hoy después de tantos años vuelvo a reencontrarme con lo mismo. Es como si hubiese sido el martes 18 de enero del 2010.
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