Comercio global verde

(Texto extraído del diario El Universal de México, en su versión digital, difundido el 26 de septiembre de 2007).

Jorge Emilio González es Presidente del partido Verde Ecologista de México y diplomado en Ecología, Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental en la Universidad del Valle de México. .

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2007 (RENA). De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denominado Análisis de los flujos de inversiones y financieros existentes y potenciales para el desarrollo de una respuesta internacional efectiva y apropiada al cambio climático, el mundo requerirá al menos 200 mil millones de dólares en inversiones al 2030 (entre 0.3 y 0.5 del PIB mundial en esa fecha) para contener el calentamiento de la Tierra al nivel actual. La dificultad radica en la manera de distribuir los costos económicos que supone la contención del cambio del clima.

Parte de la respuesta está en el fortalecimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) previsto en el Protocolo de Kyoto. El MDL es un mercado de bonos mediante el cual las naciones desarrolladas, para cumplir con sus metas obligatorias de reducción de emisiones, compran a otras naciones bonos de carbono o derechos por contaminar, invirtiendo o transfiriendo tecnología en proyectos que reducen o que retienen las emisiones de bióxido de carbono en países en vías de desarrollo.

Desafortunadamente el MDL aún no ha desarrollado todo su potencial. México, por ejemplo, emite más de 640 millones de toneladas métricas de bióxido de carbono (CO2) al año, pero sólo cuenta con 43 proyectos aprobados de MDL que reducen anualmente menos de 7 millones de toneladas de CO2, principalmente en planes de manejo de residuos de granjas porcícolas, de establos lecheros e incineración de fluorocarbonos. Lo importante es que el mercado de bonos está en crecimiento, tan sólo en 2006 se comercializaron en el mundo más de 5 mil millones de dólares en proyectos de desarrollo limpio.

Una de las principales conclusiones del análisis elaborado por Yvo de Boer, responsable de la ONU en el tema del cambio climático, es que resulta imprescindible que se incluyan criterios de respeto ecológico en el flujo de capitales y en las inversiones internacionales, que en 86% se encuentran en manos del sector privado. Es decir, los estados deberán imponer ciertas restricciones al comercio y a las inversiones internacionales, con objeto de garantizar la sustentabilidad, aun cuando se ha expresado hasta la saciedad que este tipo de medidas van en contra de la competitividad y del libre mercado.

Las restricciones a los flujos de inversiones serán en gran medida impuestas por el mercado a través de procesos de certificación ambiental. Las industrias pueden certificarse actualmente a través de diversos protocolos —algunos ciertamente sustentables y otros no tanto— como el índice de sustentabilidad de la consultora Dow Jones, el ISO 14000 propuesto por la organización internacional de estandarización, las prácticas de ecoeficiencia promovidas por la asociación civil Iniciativa Global en Gestión Ambiental (IGEMI), los mecanismos de la Comisión de Cooperación Ambiental para el Tratado de Libre Comercio o los lineamientos para que las empresas emitan informes ambientales de la Global Reporting Initiative (GRI).

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también ha entregado certificados de industria limpia a aquellas empresas que se someten a un programa voluntario de auditorías ambientales, pero solamente poco más de 2 mil empresas han obtenido dicho certificado.

Para fortalecer este mecanismo y a propuesta de legisladores del Partido Verde Ecologista, el Congreso de la Unión aprobó el pasado mes de abril reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con objeto de facultar a las autoridades a establecer sistemas de certificación de procesos, productos y servicios, y para considerar dichas certificaciones como actividades prioritarias para la obtención de estímulos fiscales. Las certificaciones deberán servir para que el comercio y las inversiones internacionales realmente sean sustentables y no sólo se disfracen de verde.