“En materia ambiental muchas veces se tienen temores irracionales”

 

Horacio Franco, abogado asociado a Estudio Bec, Consultores en Legislación Ambiental

 

¿Desde cuándo advierte que en Argentina se comenzó a tener una mirada más comprometida en las problemáticas ambientales?

 

La sociedad del país tiene efectivamente desde hace un tiempo una inquietud sobre estos temas, a veces está bien orientada, pero otras se moviliza por temores irracionales.

 

¿Puede dar precisiones?

 

Hay fallos judiciales que ordenaron por caso, cerrar canales de distribución de energía eléctrica en base sólo a hipótesis conjeturales y aunque hay literatura internacional donde se habla de campos electromagnéticos que provocarían cáncer, no hay pruebas directas que lo confirmen aunque hay mucha investigación al respecto, pero ante esto ¿como se reacciona?, ¿frenando la distribución de energía eléctrica?, ¿frenando la telefonía celular? en verdad hay que evaluar con un gran equilibrio estas cuestiones. Una cosa es el peligro cierto, real y efectivo y otra, el riesgo hipotético o conjetural.

Lo mismo podemos observar con los alimentos transgénicos, sobre los cuales se afirma que pueden provocar grandes daños a la salud, cuando en Argentina hace ya 12 años, que todo lo que comemos es transgénico igual que en Estados Unidos, ¿que deberíamos hacer?, ¿dejar de producirlos, dejar de exportar a Europa, dejar de recibir divisas que se necesitan para el país? Por eso le digo que hay que tener una mirada equilibrada sobre el tema y saber que muchas veces se tienen temores que son irracionales.

 

En el país hay un código civil, uno procesal… ¿por qué no existe uno ambiental?

 

Tenemos muchas leyes ambientales, pero no creo incluso, que sea recomendable un código ambiental. Hay legislación nacional, provincial e incluso municipal, con leyes que muchas veces forman una familia de otras que se orientan a sectores de la industria, petrolera, minera, energética, etc, y otras que atienden otros sectores, pero si hubiera un código que las incluyera a todas estaríamos ante el problema de que como el ambiental, es un ámbito tan cambiante y con evolución constante, si fuera necesario incluir reformas, sería complicado y difícil.

 

¿Quiénes recurren más a la justicia por litigios de carácter ambiental ¿los particulares, las empresas?

 

En el caso nuestro, las empresas, porque estamos especializados en asesoramiento de ese sector. Pero hay otros colegas que trabajan en lo que se llama “abogacía en el interés público”, que representan a particulares, a organizaciones ambientalistas.

 

Y de esas confrontaciones ¿quién suele salir más afectado, la empresa o el particular damnificado que reclama por un eventual daño o riesgo?

 

En general la empresa es la que siempre pierde, aún cuando gane, porque hay distintas clases de juicios contra empresas, los juicios ambientales serios y fundamentados, los opinables y dudosos y los juicios ambientales oportunistas o extorsivos, incluso. En este último caso, si la empresa termina ganándolo de algún modo pierde, porque tendrá que pagar a los abogados, a los peritos, y seguramente quien demanda tendrá el beneficio de litigar sin gasto. Pero bueno, sabemos que las empresas no son todas iguales, las hay muy serias y responsables que se conducen con una pretensión de excelencia y otras que son notoriamente infractoras, notoriamente contaminadoras. Pero paradójicamente los controles del Estado se concentran mucho más en las empresas más grandes y visibles y descuidan a aquellas que descuidan notablemente los niveles de contaminación.

 

¿Se puede establecer comparación entre la legislación ambiental argentina con la de la Unión Europea por ejemplo?

 

Es difícil establecer comparaciones porque son realidades muy distintas, pero lo que puedo decir es que la nuestra está en un estado intermedio, o sea, se encuentra menos lejos de los países más avanzados que de los que no tienen legislación ambiental. Con respecto al contralor, ahí estamos un poco más flojos. Hace falta mucho más control, pero la legislación existe y no es insuficiente, sólo que debería ser aplicada de una manera un poco más estricta “para todo” el sector empresario. O sea, medir todo con la misma vara.

 

En los últimos años han llegado a la Argentina muchas empresas extranjeras ¿mantienen aquí las mismas exigencias ambientales que en sus países de origen?

 

Creo que las empresas que tienen un código de conducta ambiental hacen las cosas bien sin que nadie las mire, sin que nadie las vaya a controlar. No dependen de la dureza del contralor estatal del lugar donde se radican. Pero las de primera línea fueron en el país las que motorizaron la mejora ambiental desde el punto de vista técnico y legislativo desde la sanción de la ley de Residuos Peligrosos en 1991, por ejemplo.

 

Respecto de países del MERCOSUR ¿Argentina donde se encuentra colocada en materia legislativa ambiental?

 

Está relativamente bien, sacando algunas excepciones importantes, como por ejemplo las últimas leyes que aprobó el Congreso sobre presupuestos mínimos para la protección ambiental que tienen una técnica legislativa realmente mala. No colaboran en nada para mejorar nuestro estándar de protección ambiental. Los legisladores que impulsaron estas leyes lograron un producto muy deficiente.